Empresarios y trabajadores defenderán la deducibilidad

El sector empresarial se unirá con los trabajadores para demandar a los legisladores la deducibilidad plena de todas las prestaciones a partir de 2017, indicó Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará constitucional la limitante a la deducción de prestaciones laborales que entró en vigor a partir de 2014, pese a que la iniciativa privada ha comprobado que aumenta el costo laboral, lo que reduce su otorgamiento así como los planes de contratación, el dirigente informó que durante las siguientes semanas en el marco de la discusión del presupuesto para 2017 exigirán a los legisladores reconocer la deducción total de éstas para contribuir en el mejoramiento de los ingresos de los trabajadores.

DIFERENCIA

“No es posible que estos momentos difíciles para las familias y las empresas se prefiera preservar las prestaciones ofensivas de los funcionarios públicos incluso de legisladores, jueces y ministros, y que mientras ellos gozan de planes benévolos, a los trabajadores se les limiten las prestaciones repercutiendo en su nivel de ingresos”.

De acuerdo con el empresario, “el gobierno es bueno para exigir, pero no para poner lo que le toca pues está pasando la factura a las empresas y a los trabajadores, pues ningún programa público puede ser tan eficiente como las prestaciones de los trabajadores en las que no hay corrupción ni costo administrativo de por medio”.

Consideró que si se trata de afectar los ingresos del 2017, el gobierno debe reducir su gasto pues “todavía queda mucha grasa antes de llegar al hueso. No se deben ir por el camino fácil”.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas  consideró preocupante que con el argumento de no disminuir la recaudación, la SCJN avalará la no deducción de prestaciones adicionales al salario como vales de despensa además que planes de pensiones que se reconocen como indispensables.

“Insistimos en que el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es validar si las leyes que se someten a su estudio se apegan o no a la Constitución y no el de fungir como órgano regulador de la recaudación”.

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